20-N El día que murió Franco, no el franquismo (Autor: Josu Chueca)

Franco dibuja su gesto más característico.

En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, conquistados los últimos objetivos militares, la guerra ha terminado”. Así decía el telegrama que Francisco Franco mandó cursar, dando por terminada la Guerra Civil. Unas líneas que incluso los nacidos décadas más tarde podíamos, sin gran esfuerzo, repetir de corrido y memoria. Y es que, a fuerza de ser escuchadas, nos quedaron bien grabadas ciertas frases, partes, músicas e iconos. No en vano, fueron casi cuatro décadas de fiestas nacionales, días del caudillo, de la victoria, del ausente y de recordar tan solo a algunos caídos, los del llamado bando nacional.

Según el conocido telegrama con el que arranca este artículo, la Guerra Civil terminó, militarmente, el 1 de abril de 1939, pero sólo para vencedores y beneficiarios de la misma, es decir, para el Ejército golpista, la Iglesia, la Falange, el carlismo, y las demás variopintas derechas españolas. Para el resto, se prolongó mediante una variada panoplia represiva, tan intensa como extensa. Encarcelamientos, con aplicación de leyes retroactivas como la Ley de Responsabilidades Políticas (9 de febrero de 1939) o la Ley de represión contra la Masonería y el Comunismo (1 de marzo de 1940), ejecuciones cotidianas hasta bien avanzado 1943 y un exilio que dejó muy pequeños, por su extensión y duración, a los ya muchos habidos en la historia contemporánea española.

Y todo esto lo protagonizaba un pequeño general ferrolano, Francisco Franco, rebautizado por sus adláteres y cómplices como César y Pontífice, Espada del Supremo, Centinela de Occidente o, tal como las monedas cotidianamente nos recordaban, Caudillo por la Gracia de Dios. Este último epíteto, amén de divinizarlo, lo equiparaba a sus primeros y mejores aliados, los Führer y Duce alemán e italiano, Adolfo Hitler y Benito Mussolini. Sin embargo, como es bien sabido, no terminó como estos. Tras haber echado por tierra con su intento de golpe devenido en Guerra Civil la única experiencia plenamente democrática de la historia española, la republicana, se mantuvo en el poder durante casi cuatro décadas, hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975.

Cuando una pesada losa de granito lo encerró para siempre en el mausoleo que él mismo había mandado construir entre 1939 y 1959 en el Valle de los Caídos, merced al obligado trabajo y cumplimiento de pena de miles de presos republicanos, su legado iba a prolongar hasta nuestros días las heridas de la contienda que él, junto a otros militares y conspiradores derechistas, habían provocado con su matxinada de 1936. Aquella promesa de “dejo todo atado y bien atado”, formulada a su entonces delfín, el pipiolo Juan Carlos de Borbón, en los fastos de la oficialización de su principado, en el verano de 1969, tomada por muchos como una boutade, empezaba a materializarse en las escalinatas del Valle de los Caídos.

La judicatura franquista se mudó al nuevo sistema de Justicia y las fuerzas del orden

no fueron cuestionadas

 

No hubo atisbo de Comisión de la Verdad: bastó con el señuelo de una transición modélica y de un ‘happy end’

VIEJO Y NUEVO RÉGIMEN

La Monarquía del 18 de Julio retomaba el relevo al viejo dictador, y gracias a los panegiristas de la Transición se nos presentaría como el “timón del cambio”. Además, en el paquete de esta sui generis metamorfosis vinieron incluidas las instituciones del viejo régimen, transformadas, gracias al periplo transitorio, en columnas del próximo entramado constitucional. Así, la vieja judicatura dinamizadora del Tribunal de Orden Público (TOP), gerente de leyes y decretos antiterroristas hasta el último aliento de la Dictadura franquista, pasó sin ningún filtro, depuración ni tan siquiera esbozo de expediente informativo al actual sistema judicial. El TOP se reconvirtió en Audiencia Nacional y allí desembarcaron los antaño jueces franquistas. El Ejército pasó de ser el alma del régimen dictatorial a la salvaguardia de la unidad nacional. Como a las alturas de 1978 no era ya presentable ni exportable la idea de la lucha contra un régimen o enemigo exterior, el artículo 8º de la Constitución, pasó a avalar y remarcar su papel de Policía interno cara a los nacionalismos disgregadores, cuando lo reconvertía en garante de “la integridad territorial”.

Tampoco las denominadas Fuerzas de Orden Público fueron, en lo más mínimo, inquietadas o cuestionadas por sus actuaciones anteriores a la desaparición de su gran timonel. Amnistiadas tácitamente desde el primer instante de su papel represivo durante la larga dictadura, a ellas les tocó seguir operando en similares parámetros represivos a lo largo de la llamada Transición. Si ninguno de sus desmanes o complicidades en actuaciones como las de Gasteiz y Montejurra en 1976, Madrid 1977 o Iruñea 1978 fue castigado, cómo imaginar que lo iban a ser los cometidos durante la Dictadura.

Franco saluda a Hitler y su traductor en Hendaia, en octubre de 1940.

MEMORIA Y DESMEMORIA

Los partidos e instituciones, tan celosas para proteger los derechos y el status de dichas fuerzas, se mostraron remisos a reconocer las afrentas, vejaciones y continuas agresiones que la población había sufrido desde el periodos 1936-1939. Ni hubo reconocimiento de ello, ni hubo petición de responsabilidad alguna. No hubo, en definitiva, ningún atisbo de Causa General o Comisión de la Verdad para poner en negro sobre blanco el trágico proceder y balance del régimen que con Franco finiquitaba.

Por el contrario, y es conveniente recalcarlo, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, bombardeadas con el señuelo de una supuesta transición modélica y de Happy End, la amnistía para quienes habían luchado contra la Dictadura no vino de forma natural y automática, por la gracia de haber un nuevo mandatario en el trono. Hubo de ser reivindicada y peleada en las calles, fábricas, pueblos y ciudades en un continuum movilizador que no se cerró hasta dos años más tarde de la desaparición del Dictador. Lo mismo ocurrió con la legalización de los partidos políticos y organizaciones sindicales, no culminada hasta después de pasadas las primeras elecciones generales de junio de 1977. En el caso vasco, la excusa de su implicación en delitos terroristas hizo que los indultos de noviembre de 1975 y julio de 1976 fuesen vividos como frustración y afrenta, porque dejaron en las cárceles a centenares de jóvenes, solamente excarcelados tras un largo rosario de movilizaciones populares que no vació las cárceles hasta diciembre de 1977.

Incluso en el plano institucional, destacó la doble vara de medir y de actuar para recuperar la residual legislación foral que el propio franquismo había terminado por abolir. Si bien se había derogado el preámbulo que caracterizaba como provincias traidoras a Gipuzkoa y Bizkaia, hasta llegado 1981 no se pudieron recuperar los Conciertos Económicos de éstas. Pensar que Franco había derogado éstos a los cuatro días de la entrada de sus tropas en Bilbao, el 19 de junio de 1937, deja en evidencia el contraste a la hora de materializar políticas de uno y otro signo.

El interesado olvido mantenido no sólo durante la Transición, sino también durante las dos siguientes décadas, ha hecho que las cicatrices y heridas no cerradas se hayan reabierto en los últimos años. Aunque centenares de muertos habían sido recuperados de fosas, simas y cunetas, y aunque la historia en torno a la represión derivada de la Guerra Civil y de la dictadura había empezado a ser reflejada en publicaciones, congresos, audiovisuales, etc., esta problemática hoy popularizada bajo los ambiguos y generalizadores términos de la Memoria Histórica ha hecho rebrotar lo que el franquismo y sus prolongaciones habían conseguido acallar.

Franco juega al golf con su sucesor, Juan Carlos de Borbón.

Como si de un nuevo y auténtico movimiento social se tratara, una nueva y renovada historia, colectivos locales, organizaciones populares y fundaciones han pergeñado la agenda para no pocos desmemoriados dirigentes políticos. Ello ha conllevado que lo no realizado satisfactoriamente en los años posteriores a la muerte del dictador se haya comenzado a materializar entrados en el nuevo siglo, en los años 2000 y siguientes. Así, en noviembre de 2002 se aprobó la primera declaración parlamentaria de condena del franquismo. Posteriormente, vendrían el homenaje a las víctimas de la represión (diciembre de 2003), la creación de la Comisión Interministerial de Reparaciones, la retirada de bastantes símbolos y estatuas, y la legislación e iniciativas en determinadas  comunidades autónomas, como la nuestra, para resarcir a las víctimas de la dictadura mediante indemnizaciones y homenajes institucionales. Para miles y miles de personas afectadas, llegaban tarde estas ayudas y reconocimientos. Pero, bien agradecidas, las ya pocas personas concernidas que han podido participar, han colaborado con gran dignidad y generosidad en dichas escasas y tardías iniciativas.

Pero este talante constructivo no debe dejarnos tener muy presente que aún hoy el legado franquista pervive en instituciones, simbología, faraónicos mausoleos como el del Valle de los Caídos y sus vergonzantes versiones provinciales (sin salir de Euskal Herria, recuérdese el Monumento a los Muertos en la Cruzada de Iruñea…) que muestran la punta de un iceberg mucho más profundo que es necesario hacer aflorar.

El ancla del mismo es el miedo de las políticas hacia el pasado, que refleja el pavor a una política para el presente sana y directa, donde todo absolutamente sea “atado y desatado” a través del prisma de la Res Pública y de la democracia. Únicamente entonces será verdad aquel telegrama que, una vez más, siendo fiel al habitual proceder franquista, volvía a mentir con su postrero “la guerra ha terminado”.

 

Este artículo fue publicado por primera vez en el DEIA, el Sábado 21 de Noviembre, 2009

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