Desde principios del mes de octubre de 2017 estamos asistiendo atónitos a la descomposición acelerada de la democracia en el estado español. Un proceso que se inició con la llegada del siglo XXI, pero que en estos meses finales de 2017 ha incrementado su velocidad de manera exponencial. Y esto nos afecta por igual a los ciudadanos vascos, a los catalanes y a los españoles.
Con la excusa del proceso de independencia de Catalunya, se está ensayando una nueva fórmula de presión sobre la voluntad de la ciudadanía. Se trata de utilizar a empresarios de cierto nivel para que ejerzan presión sobre los ciudadanos, tratando de reconducir su intención de voto.
En octubre de 2017 el gobierno español «ayudó» a que más de 2.000 empresas cambiasen su sede social, abandonando Catalunya. Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución española del siglo pasado, Rajoy, autoproclamado señor feudal de Catalunya, fijó para el 21 de diciembre la convocatoria de elecciones catalanas. Y desde ese momento, algunos de esos empresarios que salieron de Catalunya en el pasado mes de octubre, han ido filtrando sibilinamente la idea de que si el nacionalismo catalán no logra la mayoría en las urnas, entonces ellos podrían volver a trasladar de nuevo sus sedes sociales a tierras catalanas.
Esta estrategia no es más que un repugnante chantaje político. «Si no votáis lo que nosotros queremos, nos llevamos nuestras empresas, pero si sois razonables y votáis lo que nosotros queremos, entonces volvemos con nuestras empresas».
Ahora te hablo a ti, directamente. Seas vasco, catalán o español, seas de unas ideas o de otras, respóndeme a esto: ¿de verdad que los ciudadanos hemos perdido la dignidad hasta ese punto? ¿De verdad que ya hemos tocado fondo hasta el punto de que un puñado de empresarios puedan atemorizarnos para que votemos lo que ellos quieran? Si la respuesta es sí, entonces los ciudadanos nos tenemos bien merecido todo lo que nos sucede.
Esta fórmula la aplican hoy en Catalunya, pero si les funciona como ellos esperan, mañana podría ser en cualquier otra parte. Cuando los dirigentes políticos españoles quieran imponer algo a los ciudadanos de una comunidad autónoma, de una ciudad o de un pueblo, tan solo tendrán que conseguir que un grupo de empresarios de esa zona amenace con llevarse sus empresas de allí.
No podemos permitir que este chantaje prospere, ni en Catalunya ni en ningún otro lugar. Los ciudadanos debemos seguir siendo libres para votar lo que queramos, le guste o no a determinados círculos de poder. Si dejamos que el chantaje político-empresarial se instale en la vida cotidiana, los ciudadanos nos habremos autoconvertido en esclavos.
Si se quieren llevar sus empresas, que lo hagan. Así quedará mercado libre para los jóvenes emprendedores.
