Carta blanca

El artículo octavo de la Constitución española de 1978 dice:

 

Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

 

Este artículo, tan escueto como ambiguo, siempre ha estado envuelto por un manto de polémicas y dudas, generadas por las interpretaciones y reinterpretaciones que de su texto se pueden hacer.

Tras su alusión a la defensa de la integridad territorial, parece esconderse y encriptarse las viejas interpretaciones de lo que para algunos debe ser la unidad de España.

Para muchas y muchos este artículo fue el pago que los partidos políticos democráticos tuvieron que hacer a los militares, a cambio de que estos permitieran la puesta en práctica de una etapa de transición que pusiera punto y final al franquismo e iniciase un nuevo tiempo de libertades y democracia.

Tras cuarenta años de dictadura, ejecuciones, persecuciones ideológicas y crímenes aún sin juzgar, el papá Ejército permitió que los niños jugasen a la Democracia, reservándose un artículo en la nueva Constitución que lo dotase de un gran poder dormido, susceptible de ser despertado en cualquier momento, para quitarle el juguete a los niños si consideraban que estos estaban siendo demasiado traviesos.

Cómo pueda interpretar yo el artículo octavo no tiene la menor importancia. Tampoco importa cómo lo puedan interpretar los partidos políticos, los jueces, los periodistas o el resto de los ciudadanos. Aquí lo único que importa es cómo lo interpretan los propios militares, y algunos lo tienen muy claro.

Hace unos días, un general retirado del ejército español fue invitado a una de esas tertulias de telebasura en las que la razón recae del lado del que ladra más fuerte. Este invitado, interpelado sobre cuál debería ser la postura del ejército ante un supuesto proceso de independencia de Catalunya o de Euskadi, se escudó y envolvió en el susodicho artículo octavo, afirmando que, en ese supuesto, el ejército de España debería impedirlo, haciendo uso de los medios y acciones que fuesen precisos.

Esto no es nada nuevo. Durante los últimos cinco años, hemos leído y escuchado múltiples bravatas y amenazas de ese tipo. La verdadera novedad en esa tertulia llegó cuando se le preguntó a ese general retirado, qué ocurriría si el Gobierno Vasco o el Govern catalán alcanzasen algún tipo de acuerdo con el gobierno español para reconocer la independencia de Euskadi o de Catalunya. Y ahí, el cordero mostró su condición de lobo. Ni corto ni perezoso, el invitado afirmó que en ese supuesto el ejército también debería intervenir. Indignado, uno de los asistentes a la tertulia le preguntó al General si lo que estaba afirmando es que llegado ese supuesto el ejército estaría dispuesto a amenazar al gobierno español. El militar volvió a escudarse en el artículo octavo, y presa de la ira dijo que él estaba dispuesto incluso a ir a la guerra para preservar la unidad de España. Otra persona asistente a la tertulia lo interrumpió, diciéndole que el ejército le debía lealtad y obediencia al Gobierno de España, a lo que el militar le respondió preguntándole con cinismo que en qué parte del artículo octavo ponía eso.

Como he dicho anteriormente, no importa cómo interpretemos los ciudadanos ese artículo. Lo importante es cómo lo interpretan los militares. Escuchando a ese general retirado, está muy claro que existen muchos militares que consideran que el artículo octavo de la Constitución española les da carta blanca para tomar decisiones unilaterales, pasando por encima de todo y de todos. Sea o no sea legal o correcta esa interpretación, lo cierto es que muchos de ellos lo creen así, lo sienten así, y eso constituye una grave amenaza para la libertad del pueblo vasco y para la libertad del pueblo catalán, pero también pone en riesgo la libertad del pueblo español.

Por una vez, y sin que sirva de precedente, los ciudadanos vascos, catalanes y españoles deberíamos unirnos en la exigencia de una profunda reforma constitucional, que comience por suprimir el actual artículo octavo.

En una Constitución democrática no debería haber textos que puedan ser usados por los militares para amenazar la paz, meterles miedo a los votantes de ciertas ideas, coartar las libertades de los pueblos y censurar o tratar de corregir las decisiones de los Parlamentos y los Gobiernos. En las verdaderas democracias del siglo XXI, los ejércitos deben ser un mero objeto decorativo. Bastantes muertes han causado ya a lo largo de la historia de la humanidad.

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