Un paso más hacia el totalitarismo

El 13 de marzo de 2017 el ex President de la Generalitat, Artur Mas, ha sido condenado por un delito de desobediencia, imponiéndole una pena de dos años de inhabilitación y una multa de 36.500 euros. También han sido condenadas las ex conselleras del Govern, Joana Ortega e Irene Rigau.

A Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau se les ha juzgado y condenado por la consulta organizada en Catalunya el 9 de noviembre de 2014. Una consulta destinada a saber la opinión del pueblo catalán sobre su futuro político y su identidad nacional.

Cuando la politizada justicia de un estado juzga y condena a unas personas por organizar una consulta ciudadana, ese estado difícilmente se puede seguir autocalificando de democrático.

El 9 de noviembre de 2014 más de dos millones de ciudadanos acudieron a expresar su opinión en las urnas sobre un asunto vital para el pueblo catalán. Casi dos millones de esos ciudadanos expresaron, inequívocamente, su deseo de que la nación catalana se convirtiese en un estado independiente. Dos años y medio después, el President y dos de sus conselleras han sido sometidos a un extraño juicio tras el que se esconden connotaciones políticas de enorme calado. Para empezar, tengo serias dudas de que este juicio se hubiese celebrado si en esa consulta hubiese ganado la opción contraria a la independencia. Si esto se hubiese producido, desde Madrid habrían utilizado ese resultado, favorable a su idea de la España una y grande, como una herramienta política para denigrar y atacar al nacionalismo catalán. En esas circunstancias, seguro que nadie habría hablado de un delito de desobediencia, nadie habría presentado denuncia alguna contra Artur Mas y sus conselleras, y no se habría celebrado ningún juicio. Sin embargo, ese supuesto delito de desobediencia se habría producido igualmente, pero como ese resultado habría dejado satisfechos a los dirigentes españoles no habría habido denuncia ni juicio ni condena. Curiosa forma de interpretar un presunto hecho delictivo. «Si me beneficia políticamente, no te juzgo; si me perjudica políticamente, te juzgo».

Por otro lado, hablar de un delito de desobediencia aplicado a una consulta ciudadana nos sitúa ante un escenario preocupante, ambiguo, casi totalitario. ¿Quién desobedece a quién? El pueblo catalán, al igual que el pueblo vasco y el pueblo español, debe tener derecho a expresarse en las urnas cuando quiera y cómo quiera. Si se vive en libertad, los ciudadanos deben ser libres para expresar su opinión. Y si esto no es así, si esa libertad es coartada o cercenada, entonces no se vive en un régimen democrático, se vive en una dictadura. Si el pueblo quiere expresarse en las urnas, los jueces y los políticos deben obedecer al pueblo.

Otro de los ambiguos aspectos que se enredan en ese llamado delito de desobediencia es la forma en el que es aplicado. Si la celebración de la consulta catalana del 9-N supuso un delito de desobediencia, ¿por qué son juzgados únicamente Artur Mas, Ortega y Rigau? En la organización y celebración de esa consulta participaron cientos de políticos, miles de voluntarios y millones de votantes que «desobedecieron» los inquisitivos designios de los dirigentes políticos españoles y sus tribunales. Por tanto, si la politizada justicia española considera que existe una conducta delictiva en la organización de esa consulta, o se juzga a todos los «desobedientes» o no se juzga a ninguno.

Por otro lado, la condena a Artur Mas, justo en estas fechas, resulta políticamente muy sospechosa. Se le condena a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos justo cuando se empezaba a hablar de la posibilidad de que fuese de nuevo candidato a presidir la Generalitat. Es indudable que la figura del President Mas tiene un enorme peso político y simbólico para el pueblo catalán, y si volviese a ponerse al frente de la Generalitat, el proceso de independencia de Catalunya recibiría un importante impulso. Pero «casualmente» cuando se está hablando de que Artur Mas vuelva a ser President, llega esta sentencia de inhabilitación por dos años que le impediría ser candidato en las próximas elecciones catalanas.

Lo que está sucediendo es realmente grave y nos afecta a todos los ciudadanos. Esto no es algo que únicamente afecte al pueblo catalán, también nos afecta a los vascos y a aquellos ciudadanos españoles que aún creen en la democracia. Estamos asistiendo a una preocupante politización de la justicia que está haciendo que el sistema democrático del estado español se tambalee. Y cuando la justicia y la política son un mismo instrumento al servicio de los gobernantes, esa sociedad termina convirtiéndose en un régimen totalitario.

Votar, o facilitar que los ciudadanos voten, nunca puede ser un delito.

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