Tras lo decidido en las urnas en el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, el Parlament de Catalunya declaró la independencia en la tarde del viernes 27 de octubre. Horas después, Rajoy, en nombre del PP y de sus cómplices del PSOE y de Ciudadanos, anunció con arrogante pomposidad el cese del Govern de Catalunya, la disolución del Parlament y la aplicación del artículo 155 de la Constitución española del siglo pasado. Un artículo 155 que, convenientemente interpretado, le permite a Madrid tomar el control político de cualquier territorio del estado.
Una semana después, más de la mitad de los miembros del Govern, entre ellos el vicepresident Oriol Junqueras, estaban encarcelados en Madrid, y los demás, entre ellos el President Puigdemont, exiliados en Bélgica.
Señoras y señores, bienvenidos a la España del siglo XXI. En lo que va de siglo, hemos sido testigos de cómo se clausuraban medios de comunicación por escribir en euskera, se ilegalizaban partidos políticos para generar un desequilibrio aritmético en el Parlamento Vasco que permitiese a Madrid desalojar del Gobierno Vasco al PNV y al Lehendakari Ibarretxe, se trataba de impedir a través de la violencia policial que los ciudadanos catalanes pudiesen votar en un referéndum, se encarcelaba a personas por sus ideas políticas, se cerraba un parlamento democrático y se empujaba al President de Catalunya al exilio. Y a todo eso hay que sumar que el partido político que gobierna en el estado español está completamente infectado de corrupción. Ante este panorama solo queda preguntarse ¿vivimos hoy realmente en una democracia? Si hacemos un ejercicio de memoria, no es difícil recordar que en los años ochenta y noventa la sociedad del estado español vivía en un ambiente de mucha más libertad. Ahora todo son prohibiciones, normativas, sanciones, condenas judiciales y acotamiento de los límites para la libertad de expresión.
En las últimas semanas es habitual presenciar como en determinados medios de comunicación de derechas se burlan y se mofan de los gobernantes catalanes, pero esos dirigentes catalanes a los que tanto desprecian han demostrado tener más responsabilidad que los gobernantes españoles a los que tanto adulan. El 27 de octubre declararon la independencia, pero renunciaron a ella esa misma tarde por preservar la seguridad de todos los ciudadanos, independentistas y no independentistas. Un paso atrás, cargado de responsabilidad. ¿Qué hubiese sucedido si tras declarar la independencia hubiesen querido defender esa recién declarada república?
En la tarde del viernes 27 de octubre de 2017, tras declarar la independencia, los gobernantes catalanes solo tenían dos caminos, o renunciar a esa república y dejarlo todo en el terreno de lo meramente simbólico, como así hicieron, o seguir adelante y ordenar a los mosos de escuadra que defendiesen las fronteras de la república catalana. Si hubiesen optado por defender esa república que acababan de declarar, lo más seguro es que la respuesta desde Madrid hubiese sido desproporcionadamente violenta, temeraria e irresponsable. Seguramente, en pocas horas habríamos tenido un sangriento escenario en el que el históricamente brutal ejército español habría entrado en Catalunya arrasando con todo hombre, mujer o niño que saliese a su paso. Luego desde Madrid se habrían justificado amparándose en lo de siempre, que la ley hay que hacerla cumplir y que los gobernantes catalanes no les dejaron otra opción. Y a partir de esa masacre es difícil saber a qué nos llevaría la posterior escalada de violencia descontrolada que se desataría en las calles de muchas ciudades, y no solo en las catalanas.
Si los dirigentes catalanes no hubiesen dado un paso atrás, puede que ahora estuviésemos inmersos en una tragedia humana de dimensiones incalculables provocada por unos gobernantes españoles incapaces de dar una solución política a un problema político.
En cualquier caso, lo sucedido en Catalunya en estos dos últimos meses no puede tapar el verdadero problema. El estado español lleva quince años dando pasos atrás, alejándose poco a poco de las garantías que un país debe ofrecer a los ciudadanos para poder considerarlo un régimen plenamente democrático. Y ese es un problema que nos afecta a todos, seas vasco, catalán o español.
